“La CTA no tiene personería porque hay empresarios con más lobby que la CGT operando” , Hugo Yasky.
En diálogo con LPO, el titular de la CTA, Hugo Yasky, pide definir urgente con los gobernadores un "mapa de riesgo de empleo" que financie con el dinero de las AFJP, obra pública para amortiguar el impacto de la crisis. Además advierte que luego del fallo de la Corte Suprema “el gobierno ya no tiene argumentos legales” para impedir que su central obtenga la personería.
¿Cuál es su análisis sobre la situación de despidos y suspensiones que se están dando en algunos sectores de la economía?
Es un tema de profunda preocupación porque creemos que la crisis, con el avance de la recesión en los países del primer mundo, puede generar un escenario que empiece a complicar lo que fue un lento proceso de recuperación de fuentes de trabajo en la Argentina. Esto sería lo peor que les podría pasar a los trabajadores, cuando todavía tenemos una agenda pendiente que es la social.
Seguimos planteando la necesidad de profundizar un proceso de distribución de la riqueza, tenemos 14 millones de argentinos debajo de la línea de pobreza. No nos imaginamos planteándole a esos millones de argentinos que ahora hay que esperar un nuevo ciclo de la economía capitalista para resolver su problema. Por eso hay que poner toda la fuerza y la capacidad creadora por parte del gobierno para generar barreras para evitar que la recesión contagie a la economía argentina.
En este marco, ustedes proponen un proyecto para evitar despidos durante 6 meses…
Proponemos la figura de “no innovar”, es decir sacar una foto del empleo tal cual existe hoy e impedir que los empresarios la retoquen como lo están empezando a hacer en las últimas tres semanas. Concretamente: prohibir los despidos por 180 días para evaluar la profundidad de la crisis y detectar el impacto en cada sector, ya que no será homogéneo.
Además pedimos que se fije un nivel de intervención estatal que garantice la promoción de la industria nacional y apueste a reactivar la demanda interna. O sea, tratar de “vivir con lo nuestro” sería el lema.
El gobierno tendría que convocar durante éstos 6 meses a una suerte de Consejo Federal de desarrollo para aplicar políticas activas que generen fuentes de trabajo, por ejemplo, con los recursos que puedan surgir de la reestatización de las AFJP.
Habría que encaminar esos fondos hacia la obra pública, con un plan que tendría que definir con los gobernadores un mapa de riesgo del empleo. Mediante esta suerte de “barrera defensiva” hay que suplir la caída que se puede dar en una franja del 20 por ciento de la economía que está ligada a las exportaciones y hay que eludir un retroceso en los indicadores de empleo.
¿Realizarán una protesta para reclamar por este proyecto?
Anunciamos la convocatoria a una marcha para el 12 de diciembre a Plaza de Mayo reclamando la necesidad de que el estado garantice algunas acciones que permitan elevar el nivel adquisitivo de los sectores más castigados en este momento. Por ejemplo, creemos que hay que garantizar 100 pesos por hijo de trabajadores no registrados y desocupados, es decir universalizar la asignación por hijo, que actualmente sólo lo tienen los trabajadores registrados. Otra propuesta es un aumento de las jubilaciones antes de fin de año y la necesidad de generar políticas sociales que garanticen que los trabajadores que cobran “Planes Trabajar” pasen a planta, que es una forma de reforzar el empleo en blanco.
¿Qué opinión le merece el proyecto del diputado Recalde sobre la doble y triple indemnización?
La doble indemnización es una alternativa que no se puede descartar. De hecho tuvo una eficacia relativa en la crisis de 2001. Ahora acá hay una diferencia: esa crisis tuvo que ver con factores internos, propios de la Argentina que salía de la convertibilidad. En este caso vamos a enfrentar un fenómeno distinto. Las multinacionales están hablando de ajuste global, y para la mayoría es más barato despedir en nuestro país, aunque tengan que pagar dos o tres indemnizaciones que hacerlo en los países del primer mundo.
Por otra parte hace falta discutir este tema debajo del techo de la prohibición de los despidos. Sino estamos un mes discutiendo en el Congreso, hasta que se apruebe armar la red, ya no va a haber a quién recoger.
¿No cree que la CGT sobreactuó con este proyecto, que terminó rechazado por el gobierno nacional?
No quiero hacer ese tipo de afirmaciones, no quiero opinar sobre los motivos de las CGT. Lo que está claro es que es un tema que se puede discutir, una vez garantizado que no habrá más despidos.
Ante el fallo de la Corte, ¿cree que cada vez está más cerca para la CTA conseguir la personería jurídica?
Este fallo de la Corte tiene una trascendencia enorme de la que todavía quizás no hemos terminado de tomar conciencia. Va a abrir un ordenamiento jurídico absolutamente novedoso donde la libertad y la democracia sindical van a estar sostenidas por este fallo. Y va a permitir un avance de los trabajadores en el lugar donde son más duras las relaciones que es en el “cuerpo a cuerpo”: en la empresa, en el contacto con los grupos empresarios y la legitimación para tener delegados.
En este contexto, el fallo llega como lluvia en la sequía. Así, el camino a la personería gremial se convierte en una línea recta. No creo que el gobierno tenga algún argumento legal para esgrimir. Antes el argumento era que había una ley que establecía la diferencia entre los que tenían personería y los que no y, como si fuese un disparo en lo ojos, la Corte dijo “ese punto es inconstitucional”, no se pueden respetar asimetrías de derechos.
En este contexto, lo primero que surge es que el principal opositor a que la CTA tenga personería gremial fue la propia CGT…
Creo que hay sectores empresarios con más poder de lobby que la CGT operando para obstaculizar esto. Hay también sectores internos de la CGT. De hecho hay dirigentes de la CGT que han omitido expresarse sobre este tema porque saben que este es un reloj que ya no se puede parar. Es un proceso que no tiene punto de retorno.
Por E.S. Fotos Andrés Requena
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