Los ataques a la prensa en La Rioja y Salta fueron el eje central del último informe sobre la libertad de expresión en la Argentina emitido por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Un informe previo de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM • CTA) fue censurado por diversos medios riojanos y por el gremio AMP, quienes lo calificaron como “una operación de prensa, llena de falsedades”. Días atrás la Corriente de Trabajadores de la Argentina (CTA) reafirmo el informe y lo difundió a nivel nacional.
Reporteros sin Fronteras manifiesta su preocupación por el recrudecimiento de las amenazas, y los intentos de censura, ejercidos en las últimas semanas con medios de comunicación locales del noroeste del país, algunos de los cuales han llegado incluso a degenerar en actuaciones criminales. Esos ataques son un ejemplo de las graves dificultades que tienen que enfrentar los periodistas que intentan afirmar su libertad editorial y tono crítico, sobre todo frente a las autoridades provinciales. Algunos responsables de medios han contado a la organización como se han deteriorado sus condiciones de trabajo.
“A pesar de una situación de la libertad de prensa globalmente satisfactoria, todavía los medios locales padecen demasiadas veces las represalias, más o menos directas, de autoridades locales o provinciales cuya gestión critican, que se aprovechan de la debilidad de sus reacciones cuando son objeto de ataques o se ven amenazados con la supresión de la pauta oficial. Esperamos que la justicia resuelva rápidamente los sucesos ocurridos en las provincias de La Rioja y Salta, y los sancione”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
José Luis Campillay es director del semanario privado Chilecito, fundado en la localidad del mismo nombre. El 9 de noviembre de 2008, cuarenta y ocho horas después de la publicación de un número, cuya portada denunciaba los supuestos fraudes del gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, el periodista recibió llamadas anónimas intimidantes, y su coche fue manipulado, y dañado por un ladrillo. Uno de los mensajes de amenazas fue por escrito, y reproducido más tarde cuando destrozaron su casa. El director señala directamente a los poderes locales: “Intentan que nos pleguemos, pero nosotros no negociamos nuestras opciones editoriales”, ha dicho a la organización.
En cuanto a Néstor Bosetti, director de la emisora privada Radio Fénix, que tiene su sede en la capital de la provincia, ha relatado las amenazas telefónicas que recibió, a finales de octubre, la madre de la cronista Ximena Marenco, y las “persecuciones políticas” que padece el medio. En la última semana de noviembre la censura se ha ejercido, entre otras cosas, a través de la suspensión de la pauta oficial, que representa una importante fuente de ingresos para las radios locales del país. El director añade que el gobierno provincial intenta “desacreditar socialmente” a la radio, y a sus trabajadores: el Ministerio provincial de Seguridad y Justicia ha llegado a acusarle, a él mismo, de tener relaciones con el narcotráfico. “En nuestras ondas, la gente puede decir lo que quiera (...), y eso molesta al gobierno”, ha concluido.
En la provincia de Salta (extremo noroeste), los ataques a los medios han adquirido un tono mucho más grave tras el incendio criminal de los locales de Radio Uno en la localidad de Joaquín V. González, que tuvo lugar en la noche del 26 de noviembre, según información facilitada por el Foro del Periodismo Argentino (Fopea). Su propietario, Daniel Barboza, que vive con la familia en el mismo edificio, sorprendió a dos personas huyendo del lugar y dejando abandonados unos bidones de gasolina, cuando las llamas ya se habían propagado a la mayor parte de las instalaciones. El periodista ha estimado los daños en cerca de veinte mil pesos (unos 4.600 euros). Para él no hay duda de que existe relación entre el atentado y las severas críticas efectuadas en antena contra el propietario de otra radio local. También se ha quejado de la falta de apoyo de las autoridades provinciales, a las que avisó de la situación.
El 24 de octubre de 2008, al día siguiente de que el empresario Daniel Vila agrediera a los periodistas Enrique Llamas Madariaga y Julio Villalonga, del diario económico de Buenos Aires El cronista, la diputada federal Diana Beatriz Conti (procedente del Partido Justicialista, en el poder) presentó un proyecto de resolución relativo a la seguridad de los periodistas en la Cámara Baja del Congreso. “Todavía no se ha logrado el consenso sobre este punto. Hay conflictos partidistas que están retrasando el debate”, lamentó la diputada en una reciente entrevista con la organización. Reporteros sin Fronteras espera que el Congreso debata rápidamente, y apruebe, dicho proyecto de resolución.
La CTA también dijo la suyo
Grave denuncia por persecución a periodistas en La Rioja
La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA) en esa provincia anticipó que le solicitará al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Carlos Luna, que brinde un informe por escrito sobre actuación en la respuesta a las amenazas a la libertad de expresión que se registraron en los últimos 10 meses en La Rioja.
“Estamos ante una situación totalmente anormal en la provincia. Nunca, en los últimos diez años de historia se vivieron tantos aprietes, amenazas y atentados a la libertad de expresión como en los últimos diez meses”, sostuvo la Fetraccom, que afirmó que “la peor situación la padecen los trabajadores de Radio Fenix; Sin duda el medio que mayores intentos por acallar su voz ha recibido”.
“Desde la CTA La Rioja hemos elaborado un primer informe sobre la situación de los trabajadores de prensa riojanos que será enviado a la Comisión Nacional de Libertad de Expresión (CNLE), para ver de qué manera podemos elaborar acciones conjuntas que permitan poner freno a los autoritarios y soberbios de siempre que pretenden acallar las voces de quienes piensan diferente", detalló la denuncia de la Federación. Y agregó: “Es el momento de defender nuestra credibilidad y profesionalismo ante la sociedad riojana. Y poner límite a los atropellos del poder político".
Esta situación llevó a la Fetraccom en La Rioja a convocar a los trabjadores del sector, estudiantes terciarios y universitarios con carreras afines, a una reunión que se realizará el martes 25 de noviembre, a las 11, en el local de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP-CTA).
Violaciones a la libertad
"Mientras a nivel nacional, numerosos sectores sociales, intelectuales y gremiales intentan hacer realidad, la promesa incumplida por la presidenta Cristina Kirchner, de una Nueva Ley de Radiodifusión que permita democratizar y federalizar la producción, y difusión de la información. En La Rioja, hemos vuelto a las horas más oscuras del periodismo argentino donde las persecuciones, amenazas, y atendados a trabajadores de prensa se han vuelto moneda corriente”, aseguró la Federación en un comunicado de prensa.
“Bajo diferentes excusas –detalló la Fetraccom– las empresas periodísticas han negado que son los trabajadores, de carne y hueso, de Radio Fénix los que han soportado todo tipo de amenazas anónimas y políticas. Incluso, el aberrante intento del ministro Luna de criminalizar la actividad periodística a través de una denuncia en los Juzgados Federales, donde pretendía exigir que los periodistas fueran investigados y revelaran sus fuentes de información, porque según reza la denuncia, la misma ‘atentaba contra el orden instituído’”.
“Pablo Laboranti, Ximena Marenco, Daniel Quintero, Leonardo Vallejos, Gabriel Genri, Gabriela Amoroso y Néstor Bosetti –periodistas de esa emisora– en numerosas oportunidades hicieron públicas las distintas estrategias que se utilizaron desde el poder político, provincial y municipal, y desde la cobardía del anonimato para generar miedo e intranquilidad en sus familias”.
Para la Federación enrolada en la CTA “Radio Fénix se convirtió en tan solo una muestra más de los atropellos a la libertad de expresión que hoy se instaló como una práctica común en todo el territorio provincial”. Y citaron ejemplos: “En Anillaco, los directivos de Radio Anillaco, despidieron a los periodistas, Alejandro Salvatto y Felix Guerrero, quienes vienen sosteniendo diversas modalidades de comunicación alternativa, a través del mencionado medio y de publicaciones como El Marron y la Voz Docente”.
Sus opiniones vertidas en la emisora sobre los diferentes problemas del departamento Castro Barros y la cobertura de la movilización de vecinos en contra de la explotación del uranio en la zona, incrementaron las presiones del intendente Del Moral hacia la propietaria del medio, quien decidió desvincular a Salvatto y Guerrero de su planta periodística.
“Desde el medio digital, El Diario de La Rioja, su propietario Samuel Diab, también denunció amenazas anónimas en plena calle, en razón de un libro de investigación que se encuentra realizando y que pronto verá la luz”, aportó la Fetraccom. En tanto que “en el diario El Independiente, dos compañeros fueron despedidos violando toda normativa de derecho laboral, hablamos de Pablo Torralba y Antonella Sánchez Maltese”. El motivo: haber pedido la reconsideración de la escala salarial y mejores condiciones laborales, que fuera acordada por Convenio Colectivo entre la Federación de Trabajadores de Prensa y ADIRA que nuclea a los diarios de Argentina. El convenio de referencia considera condiciones de trabajo, categorización y escalas salariales retroactivas a abril de 2008. A pesar de estar notificado el diario El Independiente nunca cumplió con dicho convenio. “La inspección de la Subsecretaría de Trabajo al diario y la posibilidad que Antonella Sánchez Maltesse sea elegida delegada gremial, por la comisión interna, fue suficiente para que se tomaran la peor de las sanciones: el despido”, apuntó la Fetraccom.
En Chilecito, José Luís Campillay, propietario de Diario Chilecito, también sufrió un atentado en su vehículo. Manos anónimas ropieron el parabrisas de su auto y dejaron un mensaje claro: “seguí jodiendo, no más”.
Daniel Quintero, periodista de Radio Fénix, fue echado de su cargo en el Municipio capitalino. En su momento, el motivo que le brindo el viceintendente electo, Carlos Machicote, fue que no gustaban sus comentarios en la emisora.
Igual suerte, sufrió la periodista, Gabriela Amoroso, quien se desempeñaba en Radio Fénix y Radio Municipal, pero luego de una serie de persecuciones fue desvinculada de la emisora municipal, porque según comentó, a la periodista, el mismo Carlos Machicote: “a Ricardo (Quintela) no le gustan los mensajes que lees al aire”.
En Canal 9 la situación no es distinta. “En las últimas semanas diversos periodistas del medio y trabajadores de la comunicación denunciaron que recibieron órdenes directas de Carlos Luna, y del subsecretario de Prensa y Comunicación del Gobierno de La Rioja, “Pichi” Solorza, para que desvirtuara la información que manejaban respecto al Crimen de Cecilia González Córdoba, y que sostuvieran que se trató de un crimen pasional y no de un robo, como finalmente quedo comprobado”, explicó la entidad que agrupa a los periodistas.
“Pero la gota que rebalsó el vaso de la tolerancia en Canal 9, fue la prohibición explícita de transmitir imágenes de la movilización que los vecinos de la capital riojana realizaron el jueves 13 de noviembre en Plaza 25 de Mayo, en reclamo de Seguridad y Justicia”, subrayó. Ante tan infame pedido, el periodista y conductor del noticiero de canal 9, Mariano Gorno, se negó a salir al aire. Su valerosa decisión, tuvo como respuesta su inmediato alejamiento del noticiero".
La indefensión de los trabajadores
"Luego de años de ciega complacencia con el poder político provincial, las dirigencias gremiales que nos representan se han mostrado inoperantes frente al atropello de nuestros derechos humanos esenciales”, repudió la Fetraccom, al tiempo que denunció “el silencio cómplice del Sindicato de Trabajadores de Prensa de La Rioja, del Círculo de Periodistas de La Rioja, y del Sindicato de Televisión ha puesto de manifiesto el estado de indefección en el que nos encontramos los trabajadores de la comunicación y la cultura”.
“Por estos motivos, consideramos que es necesario comenzar a dialogar sobre los mecanismos de defensa que podemos elaborar los periodistas y comunicadores sociales para defender el profesionalismo de nuestro trabajo, y la credibilidad de la que gozamos frente a la opinión pública. Es el momento de organizarnos y defender nuestro derecho a un trabajo digno", concluyó la Fetraccom.
LOS DOCUMENTOS EN LA RED
Informe: Corresponsalía La Rioja FETRACCOM · CTA
Informe: Reporteros Sin Fronteras, por la libertad de prensa
Reporteros sin Fronteras manifiesta su preocupación por el recrudecimiento de las amenazas, y los intentos de censura, ejercidos en las últimas semanas con medios de comunicación locales del noroeste del país, algunos de los cuales han llegado incluso a degenerar en actuaciones criminales. Esos ataques son un ejemplo de las graves dificultades que tienen que enfrentar los periodistas que intentan afirmar su libertad editorial y tono crítico, sobre todo frente a las autoridades provinciales. Algunos responsables de medios han contado a la organización como se han deteriorado sus condiciones de trabajo.
“A pesar de una situación de la libertad de prensa globalmente satisfactoria, todavía los medios locales padecen demasiadas veces las represalias, más o menos directas, de autoridades locales o provinciales cuya gestión critican, que se aprovechan de la debilidad de sus reacciones cuando son objeto de ataques o se ven amenazados con la supresión de la pauta oficial. Esperamos que la justicia resuelva rápidamente los sucesos ocurridos en las provincias de La Rioja y Salta, y los sancione”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
José Luis Campillay es director del semanario privado Chilecito, fundado en la localidad del mismo nombre. El 9 de noviembre de 2008, cuarenta y ocho horas después de la publicación de un número, cuya portada denunciaba los supuestos fraudes del gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, el periodista recibió llamadas anónimas intimidantes, y su coche fue manipulado, y dañado por un ladrillo. Uno de los mensajes de amenazas fue por escrito, y reproducido más tarde cuando destrozaron su casa. El director señala directamente a los poderes locales: “Intentan que nos pleguemos, pero nosotros no negociamos nuestras opciones editoriales”, ha dicho a la organización.
En cuanto a Néstor Bosetti, director de la emisora privada Radio Fénix, que tiene su sede en la capital de la provincia, ha relatado las amenazas telefónicas que recibió, a finales de octubre, la madre de la cronista Ximena Marenco, y las “persecuciones políticas” que padece el medio. En la última semana de noviembre la censura se ha ejercido, entre otras cosas, a través de la suspensión de la pauta oficial, que representa una importante fuente de ingresos para las radios locales del país. El director añade que el gobierno provincial intenta “desacreditar socialmente” a la radio, y a sus trabajadores: el Ministerio provincial de Seguridad y Justicia ha llegado a acusarle, a él mismo, de tener relaciones con el narcotráfico. “En nuestras ondas, la gente puede decir lo que quiera (...), y eso molesta al gobierno”, ha concluido.
En la provincia de Salta (extremo noroeste), los ataques a los medios han adquirido un tono mucho más grave tras el incendio criminal de los locales de Radio Uno en la localidad de Joaquín V. González, que tuvo lugar en la noche del 26 de noviembre, según información facilitada por el Foro del Periodismo Argentino (Fopea). Su propietario, Daniel Barboza, que vive con la familia en el mismo edificio, sorprendió a dos personas huyendo del lugar y dejando abandonados unos bidones de gasolina, cuando las llamas ya se habían propagado a la mayor parte de las instalaciones. El periodista ha estimado los daños en cerca de veinte mil pesos (unos 4.600 euros). Para él no hay duda de que existe relación entre el atentado y las severas críticas efectuadas en antena contra el propietario de otra radio local. También se ha quejado de la falta de apoyo de las autoridades provinciales, a las que avisó de la situación.
El 24 de octubre de 2008, al día siguiente de que el empresario Daniel Vila agrediera a los periodistas Enrique Llamas Madariaga y Julio Villalonga, del diario económico de Buenos Aires El cronista, la diputada federal Diana Beatriz Conti (procedente del Partido Justicialista, en el poder) presentó un proyecto de resolución relativo a la seguridad de los periodistas en la Cámara Baja del Congreso. “Todavía no se ha logrado el consenso sobre este punto. Hay conflictos partidistas que están retrasando el debate”, lamentó la diputada en una reciente entrevista con la organización. Reporteros sin Fronteras espera que el Congreso debata rápidamente, y apruebe, dicho proyecto de resolución.
La CTA también dijo la suyo
Grave denuncia por persecución a periodistas en La Rioja
La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA) en esa provincia anticipó que le solicitará al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Carlos Luna, que brinde un informe por escrito sobre actuación en la respuesta a las amenazas a la libertad de expresión que se registraron en los últimos 10 meses en La Rioja.
“Estamos ante una situación totalmente anormal en la provincia. Nunca, en los últimos diez años de historia se vivieron tantos aprietes, amenazas y atentados a la libertad de expresión como en los últimos diez meses”, sostuvo la Fetraccom, que afirmó que “la peor situación la padecen los trabajadores de Radio Fenix; Sin duda el medio que mayores intentos por acallar su voz ha recibido”.
“Desde la CTA La Rioja hemos elaborado un primer informe sobre la situación de los trabajadores de prensa riojanos que será enviado a la Comisión Nacional de Libertad de Expresión (CNLE), para ver de qué manera podemos elaborar acciones conjuntas que permitan poner freno a los autoritarios y soberbios de siempre que pretenden acallar las voces de quienes piensan diferente", detalló la denuncia de la Federación. Y agregó: “Es el momento de defender nuestra credibilidad y profesionalismo ante la sociedad riojana. Y poner límite a los atropellos del poder político".
Esta situación llevó a la Fetraccom en La Rioja a convocar a los trabjadores del sector, estudiantes terciarios y universitarios con carreras afines, a una reunión que se realizará el martes 25 de noviembre, a las 11, en el local de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP-CTA).
Violaciones a la libertad
"Mientras a nivel nacional, numerosos sectores sociales, intelectuales y gremiales intentan hacer realidad, la promesa incumplida por la presidenta Cristina Kirchner, de una Nueva Ley de Radiodifusión que permita democratizar y federalizar la producción, y difusión de la información. En La Rioja, hemos vuelto a las horas más oscuras del periodismo argentino donde las persecuciones, amenazas, y atendados a trabajadores de prensa se han vuelto moneda corriente”, aseguró la Federación en un comunicado de prensa.
“Bajo diferentes excusas –detalló la Fetraccom– las empresas periodísticas han negado que son los trabajadores, de carne y hueso, de Radio Fénix los que han soportado todo tipo de amenazas anónimas y políticas. Incluso, el aberrante intento del ministro Luna de criminalizar la actividad periodística a través de una denuncia en los Juzgados Federales, donde pretendía exigir que los periodistas fueran investigados y revelaran sus fuentes de información, porque según reza la denuncia, la misma ‘atentaba contra el orden instituído’”.
“Pablo Laboranti, Ximena Marenco, Daniel Quintero, Leonardo Vallejos, Gabriel Genri, Gabriela Amoroso y Néstor Bosetti –periodistas de esa emisora– en numerosas oportunidades hicieron públicas las distintas estrategias que se utilizaron desde el poder político, provincial y municipal, y desde la cobardía del anonimato para generar miedo e intranquilidad en sus familias”.
Para la Federación enrolada en la CTA “Radio Fénix se convirtió en tan solo una muestra más de los atropellos a la libertad de expresión que hoy se instaló como una práctica común en todo el territorio provincial”. Y citaron ejemplos: “En Anillaco, los directivos de Radio Anillaco, despidieron a los periodistas, Alejandro Salvatto y Felix Guerrero, quienes vienen sosteniendo diversas modalidades de comunicación alternativa, a través del mencionado medio y de publicaciones como El Marron y la Voz Docente”.
Sus opiniones vertidas en la emisora sobre los diferentes problemas del departamento Castro Barros y la cobertura de la movilización de vecinos en contra de la explotación del uranio en la zona, incrementaron las presiones del intendente Del Moral hacia la propietaria del medio, quien decidió desvincular a Salvatto y Guerrero de su planta periodística.
“Desde el medio digital, El Diario de La Rioja, su propietario Samuel Diab, también denunció amenazas anónimas en plena calle, en razón de un libro de investigación que se encuentra realizando y que pronto verá la luz”, aportó la Fetraccom. En tanto que “en el diario El Independiente, dos compañeros fueron despedidos violando toda normativa de derecho laboral, hablamos de Pablo Torralba y Antonella Sánchez Maltese”. El motivo: haber pedido la reconsideración de la escala salarial y mejores condiciones laborales, que fuera acordada por Convenio Colectivo entre la Federación de Trabajadores de Prensa y ADIRA que nuclea a los diarios de Argentina. El convenio de referencia considera condiciones de trabajo, categorización y escalas salariales retroactivas a abril de 2008. A pesar de estar notificado el diario El Independiente nunca cumplió con dicho convenio. “La inspección de la Subsecretaría de Trabajo al diario y la posibilidad que Antonella Sánchez Maltesse sea elegida delegada gremial, por la comisión interna, fue suficiente para que se tomaran la peor de las sanciones: el despido”, apuntó la Fetraccom.
En Chilecito, José Luís Campillay, propietario de Diario Chilecito, también sufrió un atentado en su vehículo. Manos anónimas ropieron el parabrisas de su auto y dejaron un mensaje claro: “seguí jodiendo, no más”.
Daniel Quintero, periodista de Radio Fénix, fue echado de su cargo en el Municipio capitalino. En su momento, el motivo que le brindo el viceintendente electo, Carlos Machicote, fue que no gustaban sus comentarios en la emisora.
Igual suerte, sufrió la periodista, Gabriela Amoroso, quien se desempeñaba en Radio Fénix y Radio Municipal, pero luego de una serie de persecuciones fue desvinculada de la emisora municipal, porque según comentó, a la periodista, el mismo Carlos Machicote: “a Ricardo (Quintela) no le gustan los mensajes que lees al aire”.
En Canal 9 la situación no es distinta. “En las últimas semanas diversos periodistas del medio y trabajadores de la comunicación denunciaron que recibieron órdenes directas de Carlos Luna, y del subsecretario de Prensa y Comunicación del Gobierno de La Rioja, “Pichi” Solorza, para que desvirtuara la información que manejaban respecto al Crimen de Cecilia González Córdoba, y que sostuvieran que se trató de un crimen pasional y no de un robo, como finalmente quedo comprobado”, explicó la entidad que agrupa a los periodistas.
“Pero la gota que rebalsó el vaso de la tolerancia en Canal 9, fue la prohibición explícita de transmitir imágenes de la movilización que los vecinos de la capital riojana realizaron el jueves 13 de noviembre en Plaza 25 de Mayo, en reclamo de Seguridad y Justicia”, subrayó. Ante tan infame pedido, el periodista y conductor del noticiero de canal 9, Mariano Gorno, se negó a salir al aire. Su valerosa decisión, tuvo como respuesta su inmediato alejamiento del noticiero".
La indefensión de los trabajadores
"Luego de años de ciega complacencia con el poder político provincial, las dirigencias gremiales que nos representan se han mostrado inoperantes frente al atropello de nuestros derechos humanos esenciales”, repudió la Fetraccom, al tiempo que denunció “el silencio cómplice del Sindicato de Trabajadores de Prensa de La Rioja, del Círculo de Periodistas de La Rioja, y del Sindicato de Televisión ha puesto de manifiesto el estado de indefección en el que nos encontramos los trabajadores de la comunicación y la cultura”.
“Por estos motivos, consideramos que es necesario comenzar a dialogar sobre los mecanismos de defensa que podemos elaborar los periodistas y comunicadores sociales para defender el profesionalismo de nuestro trabajo, y la credibilidad de la que gozamos frente a la opinión pública. Es el momento de organizarnos y defender nuestro derecho a un trabajo digno", concluyó la Fetraccom.
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